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August 03, 2014

Los republicanos quieren la demanda contra Obama, pero no juicio político



Washington, (EFE).- Los republicanos del Congreso de EE.UU., apurados por aplacar a su minoría más conservadora, han puesto esta semana en marcha una demanda judicial en la que acusan al presidente Barack Obama de abuso de poder.
El motivo es que retrasó, sin contar con el Congreso, partes de la ley de reforma sanitaria. No importa que los conservadores defiendan la derogación completa de esa ley; lo importante es que, en su opinión, Obama ignora al Legislativo y abusa de su autoridad.

Pero los ultraconservadores del Tea Party querrían todavía más: un juicio político (impeachment) al presidente, un proceso muy llamativo en el cual la Cámara de Representantes actúa como fiscal y el Senado como tribunal.
En los doscientos treinta y ocho años de historia de EEUU, sólo dos presidentes han sido sometidos a juicio político: Andrew Jackson, en 1868, y Bill Clinton, en 1998, y ambos fueron absueltos.
Las demandas judiciales ante tribunales ordinarios contra el presidente de Estados Unidos no son novedosas, y la que supuestamente formalizará sin fecha definida el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, según expertos legales y constitucionalistas, encara la misma suerte de las anteriores: ninguna.
La demanda, supuestamente, acusará a Obama de haber abusado de su autoridad ejecutiva cuando suspendió, por razones técnicas, la aplicación de algunos aspectos de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio, promulgada en 2010 y que los republicanos quieren anular.
Pero este planteamiento se contrapone al principio legal según el cual quien inicia una demanda debe demostrar que ha sufrido un daño real y concreto, lo que no se da en el caso de los republicanos.
El mismo Obama fue blanco en 2011 de una querella judicial iniciada por el representante demócrata Dennis Kucinich y otros ocho legisladores que acusaron al presidente de violar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 cuando ordenó una acción militar en Libia sin consultar con el Congreso.
Un juez federal desechó la demanda indicando que los demandantes no habían sufrido un daño real y concreto.

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